TOLUCA, 27 de diciembre de 2023 – La comunidad de vendedores de pollo en el Estado de México enfrenta una ola de extorsión y violencia sin precedentes. El pasado viernes, cuatro trabajadores de un rastro en Toluca fueron secuestrados por miembros del crimen organizado, un acto que se ha convertido en la trágica consecuencia de no pagar el denominado «derecho de piso». Este incidente ha llevado a los familiares de las víctimas a manifestarse frente al Palacio de Gobierno en Toluca, clamando por la intervención de las autoridades para localizar a los desaparecidos.

Karina Salinas, dueña del rastro afectado, relata una historia de terror que ha durado tres años. Según ella, su negocio ha sido blanco de la Familia Michoacana, un grupo criminal notorio en la región. Los ataques han incluido secuestros, incendios, balaceras y amenazas telefónicas. A pesar de haber solicitado protección a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), su petición fue rechazada por falta de personal, dejándola y a sus empleados en una vulnerabilidad extrema.

La situación es tan grave que la suma exigida por el crimen organizado alcanza el millón de pesos mensuales, calculado a razón de dos pesos por kilo de pollo. Esta carga financiera insostenible ha forzado a muchos comerciantes a cerrar sus negocios. Los secuestrados, identificados como Eliseo, Rigoberto, Isidoro y Jaime, fueron capturados por hombres armados en una bodega del rastro, en una acción audaz y alarmante que quedó registrada en video.

El relato de los eventos es escalofriante: los delincuentes ingresaron alrededor de las 5:15 de la mañana, preguntando por el encargado y exigiendo el pago del derecho de piso. Ante la negativa, procedieron a secuestrar a los trabajadores por la fuerza. La falta de vigilancia privada en la bodega facilitó este acto violento.

Los familiares de los plagiados están desesperados. Algunos acusan a los dueños del rastro de saber dónde están los secuestrados y de negarse a pagar el rescate. Esta situación es aún más angustiante para la familia de Rigoberto, quien es sordomudo, al igual que su esposa e hijos. El empleo en el rastro era su medio de subsistencia.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por extorsiones en el Estado de México se han duplicado en los últimos seis años, lo que subraya la escalada de violencia y la urgencia de una respuesta efectiva de las autoridades. Los comerciantes y sus familias hacen un llamado desesperado al gobierno para que intervenga y ponga fin a esta ola de terror que azota a los vendedores de pollo en Toluca y sus alrededores.

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