Ciudad de México, 22 de enero de 2024 – En un giro inesperado dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz ha presentado una denuncia ante la contraloría interna, alegando irregularidades significativas en la contratación del servicio de monitoreo de medios con perspectiva de género para el proceso electoral 2023-2024.

Según fuentes internas, la denuncia, presentada en octubre del año pasado, señala directamente al área de adjudicaciones del IECM. La consejera del Ángel Cruz destapó un posible trato preferencial hacia las empresas Oblekcomp Digicast SA de CV y Ricardo Nieto Velázquez durante el proceso de contratación por invitación restringida. Estas empresas, a pesar de no cumplir inicialmente con los requisitos administrativos, fueron presentadas como aptas tras un misterioso aumento en la documentación presentada, con 74 fojas adicionales y dos legajos sin número de folio.

Este supuesto favoritismo contrasta con el trato dado a otra empresa, Estrategias Assessor SC, a la cual no se le permitió subsanar omisiones de manera similar. La irregularidad fue tan evidente que llevó a la declaración de desierto del proceso de licitación. Aunque el IECM recurrió posteriormente a la Universidad Nacional Autónoma de México para el monitoreo de medios, la denuncia de la consejera del Ángel Cruz sigue bajo investigación por parte del contralor Francisco Calvario Guzmán.

El caso cobra especial relevancia considerando la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y de los organismos electorales locales, como el IECM, en la realización de monitoreos con perspectiva de género. Estos son esenciales para proporcionar a la sociedad mexicana información veraz y equitativa, crucial para el tratamiento de las precampañas y campañas electorales de los candidatos.

Este incidente plantea serias preguntas sobre la integridad y transparencia de los procesos dentro del IECM, un organismo clave en la democracia de la Ciudad de México. A medida que la investigación avanza, los ciudadanos esperan respuestas y la garantía de que sus instituciones electorales operan con la máxima justicia y equidad.

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