Ciudad de México, 06 de febrero de 2024.- La Ciudad de México enfrenta un crecimiento vertical no autorizado que supera quince veces la altura de la Torre Mítikah, el edificio más alto de la capital, en la última década. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha registrado la construcción de mil 39 pisos ilegales entre 2013 y 2023, un desafío a la regulación urbana y a la seguridad de sus habitantes.

La tendencia ascendente en la construcción de niveles sin permiso revela un aumento significativo desde 2013, con un pico en 2017 de 187 pisos ilegales. A pesar de una pausa en las investigaciones debido a la pandemia de Covid-19, el 2022 marcó el segundo año con más construcciones irregulares, sumando 186 pisos a la cuenta.

Estos datos resaltan una problemática de regulación y control en el desarrollo urbano de la metrópoli, donde las construcciones exceden los límites permitidos, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de la población. Casos como el del inmueble en Amores 218 y Baja California 370, donde se tuvo que demoler pisos ilegales, ejemplifican las acciones correctivas que se han tenido que tomar.

En respuesta a esta situación, se discute en el Congreso capitalino la Ley de Responsabilidad Ambiental, que propone imponer multas millonarias a quienes construyan más allá de lo permitido. Estas sanciones económicas buscan disuadir la práctica ilegal, pero también destacan la necesidad de abordar las causas subyacentes, como la falta de vivienda accesible y las políticas urbanas restrictivas.

La tragedia del colegio Enrique Rébsamen, exacerbada por la construcción ilegal de un piso adicional, subraya la importancia de regular las adecuaciones y ampliaciones de viviendas para prevenir futuros desastres. La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local, liderada por Tania Larios Pérez, planea organizar foros con la sociedad civil y expertos para afinar la ley a las necesidades de la población y a la protección ambiental.

Víctor Ramírez, académico de la UNAM, señala que la construcción de pisos adicionales responde a la demanda insatisfecha de vivienda popular, advirtiendo contra el riesgo de penalizar a los más vulnerables. Propone, en cambio, políticas de apoyo y asistencia técnica para facilitar la expansión de viviendas en condiciones seguras.

La discusión sobre la Ley de Responsabilidad Ambiental y las estrategias para combatir las construcciones ilegales continúa, buscando equilibrar la necesidad de desarrollo con la seguridad, el ordenamiento urbano y la sostenibilidad ambiental.

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